Alejandro Navarro ejerce violencia política de género contra delegada de Santa Rosa

Guanajuato, Gto. 10 de marzo del 2021.- El gobierno de Alejandro Navarro ha emprendido una una campaña para desacreditar a la Delegada de Santa Rosa, Blanca Angélica Cabrera Martínez, ejerciendo violencia política en razón de género en su contra.

Esta situación que han sido ha raíz de la oposición que la delegada ha puesto al proyecto del hoy diputado federal panista, Sergio Fernando Ascencio Barba que se trata de la construcción del fraccionamiento "La Cucursola” en la Sierra de Santa Rosa, dio motivo a presentación de una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y una denuncia en contra de Alejandro Navarro por la comisión de actos de violencia en razón de género ante la Unidad Técnica y Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así lo expresaron en rueda de prensa Blanca Cabrera acompañada de las asociaciones "Movimiento Colibríes de Guanajuato" y "Acción Colectiva, además del despacho de gestión social "Horizonterio".

"Las declaraciones que públicamente ha realizado Alejandro Navarro sobre la delegada, además de comprometer su integridad moral, están produciendo escarnio público, así como afectaciones a su honor y reputación, con el propósito de forzar su renuncia y retomar el control para facilitar el camino hacia la construcción del fraccionamiento "La Cucursola".

Fraccionamiento "La Cucursola"

En enero del 2020 se dio a conocer públicamente que el empresario irapuatense, hoy diputado federal panista, Sergio Fernando Ascencio Barba estaba construyendo el “Fraccionamiento La Cucursola” en la Sierra de Santa Rosa, específicamente en Comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Guanajuato. El proyecto original contemplaba la construcción de un centro de convenciones y un hotel, aunque tiempo después, se transformó en un fraccionamiento de lujo.

Para su construcción, la sociedad mercantil Loma de Irapuato S.A. de C.V., propiedad del diputado Ascencio Barba, celebró -a espaldas de la Comunidad- dos contratos para acceder al agua de la Comunidad de Santa Rosa de Lima. El primero, en marzo del 2017, sobre CESIÓN DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE UN POZO A TÍTULO GRATUITO y, en abril de 2017, otro más sobre PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Ambos contratos fueron firmados por el entonces Delegado de la Comunidad de Santa Rosa de Lima, el señor Jaime Aguilera y por el Comité de Agua Potable de la misma Comunidad; en el segundo de ellos, además, intervino como testigo el señor José Lara Lona, entonces director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

Es importante señalar que de acuerdo con la información recabada de diversos habitantes de la Comunidad de Santa Rosa de Lima, las obras y actividades para la construcción del
“Fraccionamiento La Cucursola”, comenzaron entre los meses de abril y mayo del año 2018, sin contar con los permisos necesarios.

Más de un año después, el día 16 de agosto del 2019, la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V. presentó para su evaluación, ante la autoridad municipal, la Manifestación de Impacto Ambiental de su proyecto “Fraccionamiento La Curcusola” y, el día 22 de agosto del 2019, tan sólo 6 días después, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Municipio de Guanajuato, a cargo del ingeniero Juan Carlos Delgado Zarate, emitió, de manera indebida, la resolución que autoriza el “Fraccionamiento La Curcusola”.

De acuerdo con lo que establece la Zonificación Forestal, uno de los instrumentos de planeación previstos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), el Predio La Rosita, en el que se ubica el “Fraccionamiento La Curcusola”, se localiza en la 'II. Zonas de producción' específicamente en la Subcategoría 'II A' que corresponde a “terrenos forestales de productividad alta, caracterizados por tener una cobertura de copa de más del cincuenta por ciento o una altura promedio de los árboles dominantes igual o mayor a dieciséis metros”, por lo que, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la empresa Loma de Irapuato S.A.
de C.V. debió obtener, de manera previa, la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales por parte de la SEMARNAT, pese a ello, el gobierno municipal de Alejandro Navarro, otorgó, permisos y autorizaciones en favor del proyecto del diputado Sergio Fernando Ascencio Barba.

El día 13 de noviembre de 2019, a través de un escrito que fue recibido en la Secretaría Particular del Gobierno Municipal de Guanajuato, la ahora Delegada de la Comunidad de Santa Rosa de Lima, BLANCA ANGÉLICA CABRERA MARTÍNEZ, le informó a ALEJANDRO NAVARRO sobre su preocupación por el “Fraccionamiento La Curcusola” y el agua requerida para su construcción y operación, así como por la ausencia de estudios serios y públicos que garanticen agua para las comunidades de la Sierra. Es importante señalar que ALEJANDRO NAVARRO nunca respondió.

De esta manera, ante el riesgo para su Comunidad, pero también para la Sierra y para el propio municipio de Guanajuato y sin contar con la atención del gobierno, BLANCA ANGÉLICA CABRERA MARTÍNEZ, facilitó, en estricto apego a sus atribuciones como Delegada Municipal, la comunicación entre el Movimiento Colibríes de Guanajuato y la organización Acción Colectiva Socioambiental con los habitantes de las Comunidades de la Sierra de Santa Rosa para realizar una reunión pública de información sobre los riesgos e implicaciones del “Fraccionamiento La Curcusola”.

En consecuencia, el día 28 de febrero de 2020, 27 habitantes de la Comunidad de Santa Rosa de Lima emprendieron una batalla legal interponiendo un amparo mediante el cual obtuvieron la suspensión definitiva respecto de los efectos contenidos en la resolución en materia de impacto ambiental de fecha 22 de agosto del 2019 que autoriza el “Fraccionamiento La Curcusola”. Es importante señalar que la Delegada BLANCA ANGÉLICA CABRERA MARTÍNEZ, no forma parte del conjunto de los demandantes.