CNDH promueve acciones de inconstitucionalidad por leyes de la Guardia Nacional

México, 06 de julio del 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la institución denominada Guardia Nacional.

Mediante  dichas  acciones  de  inconstitucionalidad,  la  CNDH  pretende  que  las  normas  que facultan  a las  autoridades  para  hacer  uso  de  la  fuerza  pública  y  a  realizar  detenciones  de personas encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, el gobernado conozca cuál  será  la  consecuencia  jurídica  de  los  actos  que  realice  y,  por  otro,  que  el  actuar de  la respectiva  autoridad  se  encuentre  limitado  y  acotado  y,  en  consecuencia,  tenga  certeza  en dicha actuación.

Tales  acciones  de  inconstitucionalidad  se  encuadran  en  un  contexto  de  colaboración institucional con el propósito de contribuir a que el marco jurídico que debe regir la actuación de  la  Guardia  Nacional  sea  compatible  con  el  parámetro  de  regularidad  constitucional  en materia de derechos humanos.

Para esta Comisión Nacional, las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de dichos ordenamientos,  componentes  básicos  para  el  adecuado  funcionamiento  de  la  institución policial,  por  lo  que  estima  que  el  Congreso  de  la  Unión  incurrió  en  diversas  omisiones legislativas, respecto de las cuales la SCJN debe pronunciarse.

La  CNDH  no  impugnó  las  leyes  en  su  totalidad;  además  de  señalar  omisiones  legislativas presentó argumentos sobre partes muy específicas de dichas leyes con la finalidad de que el Máximo  Tribunal  del  país  resuelva  sobre  su  constitucionalidad  y  apego  a  los  derechos humanos, entre otros:

  • La facultad  para  detener  a  los  particulares,  solicitarles  información,  intervenir  sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia  alguna,  para  la  prevención  tanto  de  delitos,  como  de  infracciones  administrativas, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.
  • Inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.
  • La posibilidad de la utilización de armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o  reuniones  públicas,  vulneran  los  derechos  fundamentales  de  libertad  de expresión y libertad de reunión.
  • La reserva  absoluta,  previa,  permanente  e  indeterminada  que  toda  la  información, restringiendo  el  acceso  a  la  información  y  estableciendo  una  prohibición  expresa  para  su acceso al público, independientemente de su contenido o naturaleza.

La promoción de las acciones de inconstitucionalidad es tarea frecuente y fundamental para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que tiene como fin último que la Suprema Corte determine si una ley protege, respeta y garantiza los derechos humanos de las personas.