Denuncian a gobierno de Navarro ante ASEG por irregularidades en Museo de las Momias

Guanajuato, Gto. 11 de febrero del 2020.- Un grupo de ciudadanos guanajuatenses presentó una denuncia de investigación de situación excepcional ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que se investigue el desvió de los recursos generados del cobro de entradas al museo de las momias, además del riesgo que corren estos cuerpos áridos por la falta de protocolos de conservación.

“Ellos autorizaron que el incremento se destinara a la conservación del edificio, de los cuerpos áridos, la limpieza de las urnas y el mejoramiento museográfico, y el tesorero después de una año nos está diciendo que no hubo oportunidad a pesar de que se recaudaron 5 millones de pesos más que el año anterior”, señaló Paloma Robles Lacayo, después de dar a conocer las anomalías que se han presentado en el museo.

Anomalías detectadas en el Museo de las Momias: http://www.espaciogto.tv/navarro-tiene-hambre-de-negocio-pone-en-riesgo-a-las-momias-de-guanajuato/

La ASEG admitió la denuncia hecha el pasado mes de enero del 2020, y el municipio ya fue notificado, teniendo como fecha límite para contestar el 18 de febrero.

“Desde aquí expresamos nuestra confianza en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo una investigación por situación excepcional, porque está en riesgo el patrimonio de Guanajuato, la cara de Guanajuato frente al mundo, lo que le da de comer a tantas personas y a tantas familias”, refirió Robles Lacayo.

Finalmente, Paloma Robles Lacayo, invitó a la ciudadanía a presentar denuncias si se presenta un daño patrimonial que afecte la hacienda pública estatal o municipal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos, posibles actos de corrupción, desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados, afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía, o riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad.