Ordena jueza investigar a Alvar Cabeza de Vaca y a policías por abuso de autoridad

Guanajuato, Gto. 03 de diciembre del 2020.- El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini y cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), serán sometidos a investigación, para determinar si existió o no abuso de autoridad en contra de cinco personas, entre ellas cuatro mujeres pertenecientes a colectivos de familiares de desaparecidos, mientras llevaban a cabo una manifestación el pasado 10 de julio en la capital del estado.

El pasado martes, durante audiencia virtual, en la que no estuvo presente el Secretario de Seguridad, pero si su abogado, la jueza Liliana Martínez Sandoval, determinó revocar la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal en contra de los anteriormente mencionados.

“Se revoca la investigación para el efecto de que, de manera exhaustiva, se agote la línea de investigación que fue propuesta por las víctimas”, dijo la jueza quien puntualizó que se deben de analizar las cadenas de mando, a fin de determinar si hubo abuso de autoridad.

Cabe resaltar que la Fiscalía había determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de las mujeres que fueron detenidas, quienes fueron denunciadas por los propios elementos de las FSPE; pero también dio carpetazo a la investigación por la denuncia que ellas mismas presentaron en contra de los elementos y del funcionario estatal por abuso de autoridad.

Sin embargo, José Roberto Saucedo Pimentel, representante legal de las cuatro mujeres de colectivos, impugnó la resolución, logrando un fallo que mantiene abierta la carpeta de investigación en contra de los policías y de Alvar Cabeza de Vaca.

“La importancia de este fallo es que sin duda alguna sentará un precedente para que en futuras manifestaciones la autoridad se abstenga de ejercer indebidamente la fuerza pública” resaltó Saucedo Pimentel.

La jueza, dijo no encontrar ningún elemento que le indicara que la manifestación de aquel día se llevó a cabo de manera violenta, por lo que se trató de una manifestación lícita.

El argumento que dio la defensa de los policías y del Secretario de Seguridad para evitar que se abriera la carpeta de investigación, fue que el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Movilidad Estatal establece que “Los organizadores de cualquier manifestación que requieran ocupar vías públicas, deberán presentar ante las autoridades en materia de tránsito competentes, el aviso de su manifestación o concentración humana, con una anticipación de 48 horas a la realización del evento”. Sin embargo, la Jueza, señaló dicho artículo, se refiere a la protección que deben recibir los manifestantes, no a la represión.

Además afirmó que la acusación en contra de Alvar Cabeza de Vaca debió de haberse archivado desde un inicio, dado que no fue él directamente quien dio la orden a los policías para que llevaran a cabo la detención de las mujeres.

Finalmente, la resolución de la jueza, fue solicitar al ministerio público que se investigue con exhaustividad, si hay justificación sobre el uso de la fuerza de los elementos en contra de las manifestantes, además de entrevistar a los policías que participaron en el operativo del 10 de julio, revisar las grabaciones de ese día en la zona y verificar si hubo algún acto de violencia en la manifestación. Con ello, determinará si existió un abuso de autoridad y poder ejercer acción penal contra los responsables.