Senadores prohíben el matrimonio infantil

Ciudad de México. 22 de marzo del 2019.- Con 118 votos, el Senado de la República aprobó una reforma para prohibir el matrimonio infantil, pues se trata de una práctica que viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto de decreto, que modifica y deroga diversos artículos del Código Civil Federal, establece que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años.

Dispone, entre otros puntos, que el Juez del Registro Civil, al recibir una solicitud de matrimonio, esté plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes, a fin de asegurarse de su identidad, su mayoría de edad y su aptitud para contraer matrimonio.

La asamblea aceptó un cambio al artículo 159 del dictamen, presentado por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, a fin de precisar que “el tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado bajo su guarda, salvo en el caso de que obtenga dispensa, la cual se le concederá por el Presidente Municipal respectivo cuando hayan sido aprobadas las cuentas de tutela”.

Al presentar el proyecto, la presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, destacó que México es uno de los 10 países con mayor número matrimonios infantiles, con casi un millón 300 mil casos al año.

La senadora advirtió que las niñas que se casan no permanecen en la escuela, tienden a embarazarse prematuramente y tienen más riesgo de sufrir discriminación y violencia doméstica.

Las consecuencias, subrayó, son dolorosas: casi 50 por ciento de las mujeres que contraen nupcias antes de los 18 años sufren violencia física, alrededor del 70 por ciento padece violencia sexual y 16 por ciento, violencia económica.

Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, coincidió en que esta práctica incentiva múltiples violaciones a los derechos de los menores, quienes por razones naturales, sociales, familiares y personales no están preparados para asumir las responsabilidades inherentes al matrimonio.

La sociedad, agregó, no puede considerar como algo normal que las niñas y niños se casen, vivan en pobreza y sean discriminados. “Es vergonzoso que el Estado mexicano continúe recibiendo recomendaciones sobre matrimonios infantiles de organismos internacionales y no las atienda”, expresó.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, indicó que aún se tiene la tarea pendiente de castigar a quienes lo promueven y a las autoridades que lo fomentan.

En su oportunidad, María Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN, advirtió que el problema es más desfavorable para las niñas, cuatro de cada cinco se casan con mayores de 17 años. Las entidades que más problemas tienen en este tema son: Chiapas, Coahuila, Guerrero y Michoacán.

Por parte del PRI, la senadora Verónica Martínez García, señaló que se debe cerrar este tipo de prácticas. “Debemos darles a las menores condiciones óptimas para que disfruten sus derechos en cada etapa de su vida”.

“Este dictamen cumple con las recomendaciones de organismos internacionales protectores de la niñez. Representa el compromiso absoluto que tenemos en el Senado, de seguir fortaleciendo acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes”, detalló.

Geovanna Bañuelos, del PT, refirió que el matrimonio infantil representa una de las grandes violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes. Al no prohibirse antes de los 18 años, se manifiesta abiertamente en un abuso sexual infantil, aunado a violencia intrafamiliar, escolar, comunitaria y social.

El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, destacó que la existencia de excepciones para permitir el matrimonio precoz no ha favorecido a niñas, niños y adolescentes. Agregó que los usos y costumbres en algunas entidades federativas no pueden prevalecer por encima del interés superior de la niñez.

La legisladora Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena indicó que no bastan sólo las modificaciones, sino implementar políticas públicas en este tema. Elaborar campañas para combatirlo, específicamente en áreas rurales de México.

 

Luego de su aprobación, la Mesa Directiva del Senado envió el dictamen a la Cámara de Diputados.