Gobierno de México ofrece disculpas a victimas de la “Guerra Sucia”

México 23 de septiembre del 2019.- Tras 42 años, este lunes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció disculpas públicas por parte del Gobierno de México, a víctimas de la llamada “Guerra Sucia”.

La disculpas fueron dirigidas a Martha Alicia Camacho Loaiza, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, quien fue privado de la vida por miembros del Ejército Mexicano.

Refirió que en el proceso se detectaron omisiones importantes, lo cual impidió que la verdad histórica y la reparación real y efectiva llegaran finalmente a las víctimas.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos”, dijo Sánchez Cordero.

Recordó que el día 19 de agosto de 1977 la señora Martha Alicia Camacho Loaiza, con ocho meses de embarazo, y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, quienes fueran integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos con violencia por elementos de la Policía Judicial del estado de Sinaloa y agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad que integraban la llamada “Brigada Blanca o Brigada Especial”.

Ambos fueron llevados a la novena Zona Militar, en Culiacán, Sinaloa, lugar donde José Manuel Alapizco fue torturado y ejecutado extrajudicialmente sin que su cuerpo fuera restituido a sus familiares o a la autoridad competente, y donde también Martha Alicia Camacho Loaiza fue torturada, desaparecida por un lapso de 49 días en los que se le trasladó por lo menos a dos casas de seguridad y donde dio a luz a su hijo bajo condiciones precarias de salubridad y realizando prácticas médicas, que por la naturaleza de su implementación podrían constituir actos de violencia obstétrica.

Así mismo, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho, fue sometido a actos de tortura desde los primeros instantes de su vida, lo cual resulta uno de los agravios más lacerantes de los que una persona y una familia pudieran dar cuenta en su calidad de sobrevivientes.

A su vez, la secretaria de Gobierno, señaló que “el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977”.

De esta manera, reiteró el compromiso del actual gobierno para implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos.

Finalizó diciendo que desde el Gobierno Federal se implementarán programas para prevenir y sancionar la tortura con la firme convicción de que la erradicación de esta cruel práctica es posible; además de garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, asegurando que es y será la principal tarea del Estado mexicano.